Más de 100
Expertos sobre América Latina cuestionan
el reporte sobre Venezuela publicado por la organización de Derechos Humanos
Expertos resaltan las
Exageraciones y las Imprecisiones en un estudio “Políticamente Motivado”
NEW YORK, NY – En una carta abierta a la junta directiva de la Organización
de Derechos Humanos, mas de 100 expertos en América Latina criticaron el
reciente reporte de la organización sobre Venezuela, Una Década Bajo Chávez:
Intolerancia Política y Oportunidades Perdidas para Avanzar los derechos
Humanos en Venezuela, diciendo que “no reúne los mas mínimos estándares de
academia, imparcialidad, certeza, o credibilidad.” Los firmantes incluyen
líderes académicos y especialistas de universidades en los Estados Unidos,
incluyendo a Harvard, Johns Hopkins, y un número de universidades estatales, e
instituciones académicas en Argentina, Australia, Brasil, México, el Reino
Unido, Venezuela y otros países. La carta cita a José Miguel Vivanco, el autor
principal del reporte, quien dice: “ Nosotros realizamos el reporte porque
queríamos demostrarle al mundo que Venezuela no es un modelo para nadie..”[1], como evidencia de su agenda política. La
carta también critica el reporte por realizar alegatos sin pruebas, y por el
hecho de que algunas de las fuentes sobre las cuales la Organización de
Derechos Humanos se baso no son creíbles.
“Al publicar un reporte lleno de
inconsistencias, y al reconocer que tiene una motivación política, el Señor
Vivanco a dañado la credibilidad de una organización importante de derechos
humanos,” la carta declara.
La carta nota numerosas Fuentes citadas en el reporte- incluyendo a
conocidos periódicos de oposición – El
Universal y El Nacional, el
grupo opositor Súmate, y hasta al autor de un blog que es mentalmente
inestable- quienes han sido conocidos por fabricar información, haciendo “muy
difícil para la mayoría de los lectores saber cuales partes del reporte son
ciertas y cuales no lo son.” La carta
también argumenta que la Organización de los Derechos Humanos presenta
extensivos alegatos basados en evidencia inadecuada. Por ejemplo, el alegato de
la discriminación en servicios por parte del gobierno basados solamente en el
caso de una persona cuyo sobrino reclamo que a ella le negaron medicinas de un
programa del gobierno.
El texto completo de la carta a continuación:
December 16, 2008
Human Rights Watch
New York, NY
10118-3299 USA
A la Mesa Directiva
de Human Rights Watch,
Nos
dirigimos a Ustedes para llamar su atención sobre un informe publicado por
Human Rights Watch que no cumple ni siquiera con los más mínimos criterios
académicos y de imparcialidad, certeza o credibilidad. El documento, Una Década de Chávez:
Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos
humanos en Venezuela, parece ser un ensayo políticamente motivado y no un
informe sobre derechos humanos.
Efectivamente, el autor principal del informe, José Miguel Vivanco,
parece haber confirmado esto en sus declaraciones a la prensa unos días después
de la publicación del informe: “Hicimos el informe porque queríamos demostrarle
al mundo que Venezuela no es un modelo para nadie...”[2].
Evidentemente,
el Sr. Vivanco tiene derecho a tener su propia perspectiva sobre Venezuela,
pero declaraciones como la anterior van en contra de la misión de Human Rights
Watch y efectivamente, de cualquier organización dedicada a defender los
derechos humanos. Al publicar un informe
extremadamente erróneo, y al reconocer una motivación política para realizarlo,
el Sr. Vivanco ha minado la credibilidad de una importante organización de
derechos humanos.
Estas
acusaciones no las hacemos ligeramente y esperamos que Ustedes entiendan la
seriedad de estos graves errores de juicio.
Como académicos que nos especializamos en América Latina, dependemos de
lo que supuestamente son organizaciones independientes y no partidarias como
Human Rights Watch para obtener información veraz sobre los abusos a los
derechos humanos cometidos por los gobiernos y algunas veces por entes no
gubernamentales. Lo mismo ocurre también
con otros grupos que buscan información veraz, incluyendo a la prensa,
funcionarios gubernamentales y el público en general. Es una gran pérdida para la sociedad civil
cuando no podemos confiar más en que una fuente como Human Rights Watch
conduzca investigaciones parciales y llegue a conclusiones basadas en hechos
verificables.
En
el informe se hacen dramáticas acusaciones sin el respaldo de pruebas que las
justifiquen y en algunos, hasta sin argumentos lógicos. Por ejemplo, la acusación más importante y
prominente del informe es que la “discriminación política ha sido una
característica definitoria de la presidencia de Chávez” (p. 1). Sin embargo, el informe no muestra, o incluso
intenta mostrar, que la discriminación ya sea se incrementó bajo el gobierno
actual (en comparación con gobiernos anteriores), o es un problema más grave en
Venezuela que en cualquier otro país del mundo.
¿Cuál
es la evidencia que se ofrece en el informe para tan amplia generalización?
“En
la mayoría de los casos, fue imposible probar que hubiera existido
discriminación política—salvo raras excepciones, no se informaba a los
ciudadanos los motivos por los cuales se tomaban las medidas—, si bien a muchas
personas se les decía informalmente que perdían sus trabajos, contratos o servicios
por haber firmado la petición de referendo [para revocar a Chávez]. Por
ejemplo, en un caso denunciado a Human Rights Watch, se le negaron a una mujer
de 98 años las medicinas que desde hacía tiempo recibía de una agencia de
desarrollo estatal debido a que había firmado la petición de referendo, según
le dijo a su familia el secretario del programa” (p. 23) (énfasis propio).
Considerando
la parte de servicios primero, el párrafo anterior se refiere a una acusación
sobre la negación de medicinas a una ciudadana venezolana por razones
políticas. Sorprendentemente, ésta es la
única instancia de supuesta discriminación en los servicios públicos citada en
todo el informe de 230 páginas. En otras
palabras, el programa Barrio Adentro les ha brindado servicios de saludo a
millones de venezolanos pobres cada año desde 2003 y los autores encontraron una
denuncia (según se le hizo a los autores en una conversación telefónica con
el sobrino de la supuesta víctima) de discriminación que involucraba a una
persona. En base a esto, los autores
hacen la exagerada generalización de que los “ciudadanos que ejercieron su
derecho de convocar a referendo—sobre la base de uno de los nuevos mecanismos
de participación que Chávez defendió durante la redacción de la Constitución de
1999—fueron amenazados con sufrir represalias y con ser incluidos en listas
negras para impedirles el acceso a empleos y servicios del
gobierno” (p. 11, énfasis propio).
Esto
es ultrajante y absolutamente indefendible.
No esperamos que un informe de esta naturaleza se adhiera a las normas académicas
más estrictas, pero tienen que haber ciertos criterios.
En
relación a los empleos, no hay duda que se dieron casos en los que funcionarios
gubernamentales individuales discriminaron en base a las creencias políticas de
los empleados. (Se dieron también casos de discriminación y de despidos de
empleados pro gobierno en el sector privado, que se mencionan en el informe en
un paréntesis (p. 10 en la versión en inglés, omitida en la versión en español
del informe) pero que no se investigan).
Sin embargo, el informe no muestra que hubo cualquier esfuerzo
organizado o sistemático para purgar al gobierno de empleados contrarios al
gobierno. Efectivamente, como lo sabe
cualquier persona familiarizada con el gobierno de Venezuela, después de casi
diez años desde la elección del Presidente Hugo Chávez, la administración
pública se encuentra llena de empleados que están en contra del gobierno.
El
informe no demuestra si los despidos que ocurrieron, en ambos sectores privado
y público, fueron simplemente resultado de acciones individuales en una
sociedad altamente polarizada en la que la oposición se pasó al menos cuatro
años (según el líder de oposición Teodoro Petkoff)[3]
intentando desplazar al gobierno a través de un derrocamiento militar. Efectivamente, no es difícil imaginar que
muchos de los funcionarios públicos, en un clima como ése, tomaran una actitud
aprensiva en cuando a contratar individuos que estaban en contra del
gobierno. El informe no considera esta
probable causa de la discriminación observada.
Es claro que esto no justificaría este tipo de discriminación, pero
tampoco respaldaría las exageradas acusaciones de este informe, el cual intenta
argumentar que el gobierno está utilizando su control sobre el empleo en el
sector público para reprimir a la oposición política.
Efectivamente,
la acusación más seria de discriminación en el empleo que el informe hace se
refiere al caso en que la discriminación no fue basada en partidismo político,
sino en relación a una subversión ilegal que ningún gobierno hubiese, ni
debiese haber tolerado:
“Después del paro petrolero, PDVSA depuró su
plantel de miles de trabajadores que habían participado en la huelga” (p.
32). Pero como cualquiera que estuvo en
Venezuela en esos momentos puede atestiguar, ésta fue una huelga, de manera muy
abierta, para derrocar al gobierno, lo cual había logrado la oposición menos de
ocho meses atrás. El paro petrolero
causó daños devastadores a la economía, la que perdió 24 por ciento del PIB en
la recesión que surgió como resultado, y estuvo cerca de lograr sus objetivo
una segunda vez.
El
informe implica que los funcionarios públicos, en este caso los trabajadores en
el sector petrolero, deben tener el derecho a organizar una huelga con el
propósito de derrocar a un gobierno electo; nosotros no respaldamos esa
perspectiva. Es particularmente
dudoso cuando ese grupo de empleados representa menos del uno por ciento de la
fuerza laboral y utiliza su control sobre un recurso estratégico – los ingresos
petroleros representaban casi la mitad de los ingresos fiscales y el 80 por
ciento de los ingresos por exportaciones – para paralizar la economía y
revertir así el resultado de unas elecciones democráticas. La opinión de que una huelga como ésta es
“legítima” no es compartida, según nuestros conocimientos, por cualquier
gobierno democrático en el mundo[4].
Pero
más importante aún en cuanto a la credibilidad del informe de HRW, es
profundamente engañoso por parte de los autores, argumentar que la
“discriminación política es una característica definitoria” de un gobierno que
no está dispuesto a arriesgarse a continuar empleando a individuos que han
llevado a cabo un paro como éste.
La
abrumadora dependencia del informe en fuentes de oposición de fiabilidad dudosa
para material fáctico también debilita la credibilidad y le dificulta a la
mayoría de lectores saber qué partes del informe son ciertas y cuáles no lo
son. La fuente más citada en relación a
la discriminación política es el periódico El Universal[5]. Dicha publicación no solamente es un
periódico enérgicamente de oposición, sino que también ha fabricado
repetidamente noticias, para los años en que es citado. Por ejemplo, en una típica fabricación del
tipo utilizado para difamar a funcionarios públicos, El Universal reportó
que el ministro de Interior y Justicia en ese entonces, Jessie Chacón, había
obtenido una pintura por 140 mil dólares[6]. Esto resultó ser completamente falso. Existen muchos ejemplos de fabricaciones en El
Universal, así como en otras fuentes de oposición citadas en el informe[7].
Es preocupante que un informe sobre derechos
humanos confíe excesivamente en fuentes de poca imparcialidad. ¿Sería tomado en serio un informe sobre
derechos humanos en Estados Unidos si tuviera como fuente principal Noticias
Fox o peor el periódico, The National Enquirer? Efectivamente, este informe se adentra aún
más en la zona de fuentes de poca fiabilidad y cita a un escritor de blogs
con inestabilidad mental como una fuente (p. 22, pie de página 30). Ésta es una persona que gusta no solamente de
generar fabricaciones frecuentemente y aboga por derrocar al gobierno de forma
violenta, sino que también ha fantaseado públicamente sobre asesinar a sus
enemigos políticos y arrojar sus cuerpos desde helicópteros sobre los barrios pobres
y torturar a otros “vertiendo plata derretida en sus ojos”[8].
Algo
que resulta preocupante sobre la utilización de estas fuentes en el informe es
que indica una falta de familiaridad con el tema, o aún peor, un prejuicio
profundamente político que permite que los autores no vean ningún problema con
estas fuentes. Efectivamente, solo se
menciona brevemente que los periódicos El Universal y El Nacional,
son periódicos de oposición y además, es una referencia al pasado[9],
la cual el lector podría entonces juzgar, con razón, ser irrelevante. Por otro lado, el informe se refiere al
diario Últimas Noticias como uno que ha “apoyado, en gran medida, a
Chávez y a su gobierno” (p. 81) y como un periódico popular “que es afín al
gobierno” (p. 103). Éste es un periódico
que a diario publica artículos que critican duramente al gobierno y según datos
de encuestas en Venezuela, es visto como un periódico mucho más independiente
que cualquier otro periódico importante.
La perspectiva de los autores sobre los medios venezolanos parece
reflejar la de la oposición venezolana de derecha, o la de la derecha
estadounidense sobre los “medios liberales” en Estados Unidos.
Un prejuicio tan profundo como éste, en el que
los eventos son interpretados más que todo a través de la visión de la
oposición venezolana de derecha, es evidente a lo largo del documento: por
ejemplo, cuando los autores describen a los grupos que contribuyeron a
organizar y a apoyar el golpe de abril de 2002 como “nuevas organizaciones
dedicadas a la defensa de la democracia y el estado de derecho” (p. 236).
Pero lo peor de utilizar en el informe
fuentes de oposición como El Universal, El Nacional o Súmate, es
que dichas fuentes se han dedicado a crear tantas fabricaciones que se han
convertido en fuentes de poco fiables de información veraz.
En la discusión sobre los medios, el informe
también pinta un panorama extremadamente exagerado de la realidad, al mismo
tiempo que presenta algunas críticas válidas de las leyes y prácticas
actuales. Se reconoce en pies de página
bien enterrados entre el texto que la oposición aún domina en ambos tipos de
medios, de televisión y prensa (pie de página 184, p. 86; pie de página 181, p.
84). Sin embargo, se le reprocha al
gobierno de haber “logrado que la balanza de los medios de comunicación se
incline, en forma significativa, a favor del gobierno” al crear canales de
televisión pro gobierno desde el golpe en 2002, cuando “Chávez enfrentaba a
casi
una totalidad de medios privados
hostiles”. Esta es una posición muy
extraña para una organización de derechos humanos. Mientras que sería bueno si el gobierno
pudiera crear canales de televisión que no tuviesen prejuicio alguno, ¿no es
preferible tener algo de competencia entre los medios – proveniente de unos
medios pro gobierno y con tendencias izquierdistas – que tener un monopolio
privado de derecha y antidemocrático?
Especialmente cuando dicho monopolio organizó, como nunca antes visto en
la historia mundial, un golpe militar en contra de un gobierno democráticamente
electo y lideró una huelga petrolera que casi derroca al gobierno por segunda
vez? ¿Consideran los autores que ese
tipo de monopolio mediático conlleva a una mayor protección de los derechos
humanos en comparación a unos medios que son aún dominados por la oposición,
pero que incluyen también a algunas otras fuentes de información?
El informe menciona repetidamente el peligro
de la “autocensura”, pero no muestra ningún ejemplo de que esto haya de hecho
ocurrido. Ésa es una debilidad
importante en su argumento, ya que no es tan difícil encontrar ejemplos de
autocensura en respuesta a la presión del gobierno en, por ejemplo, los medios
estadounidenses.
En las elecciones presidenciales de 2004, la
corporación Sinclar Broadcast Group de Maryland, dueña de la cadena de
televisión más grande de Estados Unidos, planeaba mostrar un documental que
acusaba al candidato John Kerry de traicionar a prisioneros estadounidenses
durante la guerra de Vietnam. La compañía
les ordenó a sus 62 canales que mostraran el documental durante las horas de
mayor audiencia justamente dos semanas antes de las elecciones. Diecinueve senadores demócratas enviaron una
carta a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés)
de EE.UU. (http://leahy.senate.gov/press/200410/101504.html) convocando a que se
investigara esta propuesta de intervenir en la campaña por parte de Sinclair y algunos
de ellos hicieron declaraciones públicas en las que afirmaban que la licencia
para transmitir de la compañía estaba en riesgo de ser revocada si llevaba a
cabo sus planes. Como resultado de esta
presión, Sinclair se echó atrás y no transmitió el documental.
Este ejemplo es directamente relevante al
informe de HRW sobre Venezuela porque muestra que para tener una licencia de
transmisión en Estados Unidos y otros países democráticos, se espera que quien
reciba dicha licencia siga ciertas reglas y no se convierta en un importante
actor político al por ejemplo, intervenir en las elecciones. Como el mismo Vivanco ha señalado, “el no
haber renovado el contrato [la licencia para transmitir], por si mismo, no es
un asunto de libertad de expresión”. Sin
embargo, este informe cita la no renovación de la licencia de RCTV como un
simple, y de hecho el más importante, ejemplo de los supuestos ataques del
gobierno venezolano a la libertad de expresión.
Para los autores, no parece ser importante que el canal haya participado
en un golpe militar y otros intentos de derrocar al gobierno y que no recibiría
una licencia para transmitir en cualquier país democrático.
El informe incluso insinúa que el gobierno es
el culpable por ataques a periodistas, que han ocurrido en contra de
periodistas opositores y pro gobierno.
Los autores afirman que el canal de televisión, Globovisión, “ha
recibido cartas de advertencia de CONATEL por el tono político de sus
reportajes, se les ha negado frecuentemente la entrada a conferencias de prensa
del gobierno y sus reporteros y camarógrafos han sido físicamente atacados y
amenazados por simpatizantes de Chávez” (p. 117). Los autores no brindan evidencia alguna de
que el gobierno ha justificado o apoyado en cualquier forma estos supuestos
ataques.
No existen, prácticamente, medios en este
hemisferio, y de hecho en la mayoría del mundo, que se asemejen a los medios en
Venezuela por sus ataques vehementes, sin restricciones y hasta
malintencionados, difamadores e incitadores de violencia, en contra del
gobierno[10]. Mientras que el informe de HRW presenta
algunas críticas válidas de las actuales leyes y de algunos casos de
intervención injustificada por parte de funcionarios públicos, no sirve ningún
propósito legítimo el esconder o distorsionar el estado verdadero de los medios
venezolanos.
Lo mismo puede decirse del resto del informe,
incluyendo cómo trata el tema del poder judicial[11]. HRW tiene la obligación de criticar cualquier
ley o práctica del gobierno venezolano que perciba como peligrosa para los
derechos humanos y les damos la bienvenida a las críticas válidas que formula
en su informe. Pero el Sr. Vivanco ha
minado gravemente la credibilidad de Human Rights Watch al producir un informe
que, según él mismo lo admite, tiene motivaciones políticas, así como
extremadamente exagerado, basado en fuentes de poca fiabilidad y formula
acusaciones generalizadas y abrumadoras que no son respaldadas por la
evidencia.
Es por eso que solicitamos que HRW retire y
revise su informe para producir un documento con credibilidad. El Sr. Vivanco también debería retirar sus
comentarios en relación a las motivaciones políticas del informe.
Sería un gusto para nosotros reunirnos con
Ustedes para discutir más sobre este tema y le daríamos la bienvenida a un
debate con el Sr. Vivanco en cualquier foro público que él desee, en caso esté
dispuesto a defender su informe en público.
Esperamos que consideren estas solicitudes
con la seriedad que ameritan. Nuestra carta no tiene la intención de
justificar la decisión del gobierno venezolano de expulsar a los autores del
informe de HRW del país. Los
derechos humanos son muy importantes como para ser utilizados con intenciones
políticas, como frecuentemente ha ocurrido cuando Washington señala a un
gobierno como enemigo de estado. Es por
eso que dependemos de organizaciones de la sociedad civil para información e
investigaciones independientes, no partidarias y no políticas.
Atentamente,
- Rodolfo
Acuña, Professor, Chicano/a Studies,
- Federico Álvarez, Professor
Universidad Nacional Autónoma de México
- Tim
Anderson, Senior Lecturer in Political Economy,
- Miguel
Angel Herrera, Historia, Universidad de Costa Rica
- Robert
Austin, Ph.D, Honorary Fellow, School of
Historical Studies,
- Márgara Averbach, Professor of
Literatura, Universidad de Buenos Aires, Argentina
- William
Aviles, Associate Professor, Political Science
- Mario Ayala, Programa de Historia
Oral, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires
- David Barkin, Profesor de Economía,
Universidad Autonoma Metropolitana-Xochimilco
10. .Carlos Beas, Activista Movimiento Indígena,
Oaxaca-MEXICO
11..
Alejandro Alvarez Béjar, Professor Economics Universidad Autónoma Nacional de
México
12.
Donald W, Bray,
Professor Emeritus,
13.
Marjorie Woodford
Bray, Professor, Latin American Studies,
14.
Charles Bergquist, Professor of
History, University of
15.
Atilio A. Boron Director del PLED, Programa Latinoamericano de
Educación a Distancia en Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina
16. Chesa
Boudin,
17. Clara
Mantini Briggs, Associate Researcher, Demography,
18.
Charles Briggs, Professor Anthropology,
19. Julia
Buxton, Senior Research Fellow, Centre for International Cooperation and
Security, Department of Peace Studies,
20.
Maria Emilia Caballero, Comitè ´68 Pro Libertades Democràticas en Mèxico
21. Marisol
de la Cadena, Associate Professor of Anthropology,
22. José
Calderon, Professor Sociology and Chicano/a Studies,
23.
Hernán
Camarero, Professor, Universidad de Buenos Aires, Argentina
24.
Cristina
Castello, Poeta y Periodista, Buenos Aires, Argentina
25. Ana
Esther Ceceña, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
26. Eleonora Quijada
Cervoni,
27. Julie A. Charlip, Professor, Department of
History,
28. Norma
Stoltz Chinchilla, Professor of Sociology and Women's Studies,
29. Christopher
Clement, Visiting Professor Politics,
30. Ron
Chilcote, Professor Economics,
31. Noam Chomsky, Professor of Linguistics, Massachusetts Institute of Technology
32. Antonia
Darder, Professor Educational Policy and Latino Studies,
33. Michael Derham,
34. Mônica Dias Martins, Professor Political
Science, State
35. Héctor Díaz-Polanco, Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología (CIESAS)
36.Luis Duno, Associate Professor of Hispanic
Studies,
37. Steve
Ellner, Professor Political Science,
38. Arturo
Escobar, Kenan Distinguished Professor of Anthropology,
39. Raul
Fernandez, Professor,
40. Sujatha
Fernandes,
41. Bill Fletcher, Jr., Executive Editor, BlackCommentator.com
42. Gabrielle
Foreman, Visiting Distinguished Professor of Africana Studies,
43. Cindy
Forster, Associate Professor History,
44.
Félix
Hernàndez Gamundi, Comitè ´68 Pro Libertades Democràticas en Mèxico
45.
Raúl
Alvarez Garìn, Comitè ´68 Pro Libertades Democràticas en Mèxico
46. José Francisco Gallardo Rodríguez, General
Brigadier y Doctor en Administración Pública
47. Marco A.
Gandásegui, (h) Professor,
48. Lesley Gill,
Professor and Chair of Anthropology,
49.
Magdalena
Gómez, Columnist, La Jornada
50. Gilbert
Gonzalez, Professor School of Social Science,
51.
Armando Gonzalez-Caban, Latin
American Perspective
52. Jeffrey
Gould, Professor of History,
53.
54. Angel
Guerra, Journalist, La Jornada
55. Maria Guerra, Universidad Nacional
Autónoma de México
56. Peter Hallward,
Professor of Modern European Philosophy,
57. Daniel
Hellinger, Professor Political Science,
58. Ramona Hernandez, Director, CUNY Dominican
Studies Institute & Professor of Sociology, The
59.
Derrick Hindery, Assistant Professor of
International Studies and Geography,
60.
Forrest Hylton, Ph.D. Candidate, History,
NYU
61.
Robin D. G. Kelley, Professor of History and
American Studies
62. Misha
Kokotovic, Associate Professor Department of Literature, UC
63. Maria
Lagos, Associate Professor Emerita, Dept. of Anthropology,
64. Sidney
Lemelle, Professor of History,
65. Deborah
Levenson, Professor of History,
66. Nayar López Castellanos, Universidad Autónoma
de la Ciudad de Mexico
67.
Gilberto
López y Rivas, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Regional
Morelos
68. Florencia
E. Mallon, Julieta Kirkwood Professor of History,
69. Luis Martin-Cabrera, Assistant Professor, UCSD
70. Jorge
Mariscal, Professor, Literature,
71. Peter
McLaren, Professor, Graduate
72. Frida Modak, Chilean Journalist
73.
Daniel
Molina, Comitè ´68 Pro Libertades Democràticas en Mèxico
74.
José
Mollet, Profesor Asistente y escritor, Director del Centro de Investigaciones
Socioculturales, Instituto de Cultura del Estado Falcón, Venezuela
75. Carlos Montemayor, Writer
76. Maricarmen
Montes, Nuestra América
77. Josefina Morales, Investigadora UNAM,
México
78. Luis Hernández Navarro, Journalist
79. Fabio Gabriel Nigra, Assistant Professor of History, Universidad de Buenos Aires, Argentina
80. Enrique
Ochoa, Professor, Latin American Studies,
81. Elizabeth
Oglesby, Department of Geography,
82. Jocelyn Olcott, Department of History, Duke University Press
83.
Mercedes Olivera, Centro de Estudios Superiores de México
y Centroamérica, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
84. Mark
Overmyer –Velazquez, Associate Professor of History, University of
85.
José Herrera Peña Centro de Investigaciones
Jurídicas, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo.
86.
Rebeca Peralta, Nuestra América
87.
Salvador E. Morales Pérez, Instituto de Investigaciones Históricas,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
88. Hector Perla,
Assistant Professor Latin American and Latino Studies,
89. John Pilger, journalist and documentary film maker
90. Deborah
Poole, Professor, Anthropology, Johns
91. Carlos
Walter Porto Gonçalves Professor do Programa de Pós-graduação em Geografia da
Universidade
Federal Fluminense
92.
Pablo
A. Pozzi, Professor of History, Universidad de Buenos Aires, Argentina
93. Vijay
Prashad, Professor, International Studies,
94. Gerardo
Renique,
95. William
Robinson, Professor Sociology,
96. Victor
Rodriguez, Professor, Chicano Latino Studies,
97.
René
Patricio Cardoso Ruiz, Director en Estudios Latinoamericanos, Investigador Nacional I del SIN, Facultad
de Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de México
98. Jan Rus, Latin American Perspectives
99.
Emir Sader, Secretario Ejecutivo de CLACSO, Sociólogo,
Argentina
100. Miguel
Tinker Salas, Professor of History,
101. Rosaura
Sanchez, Professor, Literature,
102. John
Saxe-Fernández, Essayist, México
103.
Alejandro M. Schneider, Assistant Professor of History, Universidad Nacional de
La Plata, Argentina
104.Enrique Semo, Professor
of Economics, Universidad Nacional Autónoma de México
105.T.M. Scruggs, Associate Professor, Ethnomusicology
106. Jose Steinsleger, Mexican Writer and Journalist
107.
Beatriz Stolowicz, Universidad Autónoma Xochimilco
108.Oliver Stone, Filmmaker
109. Sinclair Thomson, Professor History,
110.Steven
Topik, Professor, History,
111. Jorge Turner, Universidad Nacional Autónoma de México
112.
Carolina Verduzco, Comitè ´68 Pro Libertades Democràticas en Mèxico
113.William
H. Watkins, Professor,
114. Mark Weisbrot, Co-Director, Center for Economic
and Policy Research
115.Dr
Stephen Wilkinson Assistant Director International Institute for the Study of
116.Gregory Wilpert, Ph.D, Adjunct Professor of
Political Science,
117. John Womack, Professor, History, Harvard
117.Nahirana Zambrano, Professor of
American Studies, University of the Andes,
Diciembre 16, 2008
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Tinker Salas, 909-607-2920
Gregory
Wilpert, 646-541-7212
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